El maltrato sutil
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jueves, 21 de noviembre de 2013
martes, 5 de noviembre de 2013
El juez de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha ordenado
el embargo de propiedades de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para
cubrir la fianza de responsabilidad civil de 6.114.788,17 euros que les
fue impuesta para afrontar su responsabilidad en caso de condena.
Entre las 16 propiedades embargadas está la mitad individa del palacete de Pedralbes,
cuya otra mitad corresponde a la infanta Cristina. Además, el
matrimonio real se queda, por el momento, sin el 50% de otras ocho
propiedades que estaban a nombre de la sociedad Aizoon, la empresa
fantasma, supuestamente usada por Urdangarin para defraudar y desviar
dinero público. Así, el juez enajena la mitad de dos pisos de Terrasa,
otras dos viviendas en Palma y dos garajes y dos trasteris en la capital
balear. El resto de la propiedades embargadas corresponden a empresas
de Diego Torres y su familia.
El pasado mayo, la Audiencia Provincial de Palma rebajó a
esos 6,1 millones de euros la caución inicial que el magistrado fijó
para Urdangarin y Torres, 8.189.448,44 euros, al que tenía que rebajar
el porcentaje del IVA.
Esos más de 6 millones de euros de fianza son el fruto de
sumar el dinero ingresado por Urdangarin y Torres con los seis convenios
que Nóos suscribió con las administraciones valencianas y balear entre
2004 y 2007, los Valencia Summits, Balears Forum y Juegos Europeos.
Todos esos contratos son considerados por el juez y Anticorrupción como
ilegales por haberse saltado las normas de contratación, y por tanto
todo ese dinero debe ser devuelto en su totalidad al Estado, más un
tercio de penalización.
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